Propiedad Social

Una aproximación general de la situación actual de las figuras asociativas que forman parte del subsector social rural es obtenida de los Censos Ejidales de 2001 y 2007. 

En 2001, el número total de ejidos y comunidades reportado era de 30,305; sin embargo, solamente en 12,520 de éstos existían organizaciones o asociaciones dedicadas, ya fuese a promover la integración económica o a la representación gremial, los que representaban el 41.31% del total. En cambio, en ese mismo año, 17,785 núcleos agrarios básicos no reportaban formas de organización o asociación.

Para el año 2007 el número de núcleos agrarios básicos se había incrementado en 1,209, para ubicarse en un total de 31,514 Ejidos y Comunidades.

Derivado de los datos contenidos en los Censos Ejidales de 2001 y 2007, se aprecia una disminución en los niveles del asociacionismo campesino, con un universo mayor de núcleos agrarios, en 2007 el número de organizaciones o asociaciones productivas disminuyó a 10,852 (1,668 menos, respecto a 2001), lo que significa que sólo el 34.3% del total de los ejidos y comunidades contaba con otra forma de organización social.

Las principales variaciones a la baja se registraron en las sociedades de producción rural, sociedades de solidaridad social, las sociedades mercantiles y en el rubro de otras formas de asociación. En cambio, el número de uniones de ejidos y comunidades y de ARIC muestra un incremento.

Datos relevantes de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria muestran que en 2012 las organizaciones sociales rurales poseían poco más de 100 millones de hectáreas, equivalentes al 53% del territorio nacional, de las cuales, sólo el 2% son tierras de riego, el 12% es de temporal, el 54% de agostadero y el resto es monte, tierras desérticas y de calidad indefinida.

Los ejidos y comunidades concentran el 80% de los bosques y selvas, el 74% de la biodiversidad y las dos terceras partes de los litorales del país. Además, el sector social rural, es responsable de casi la mitad de la producción agrícola total. 

Con la expedición de la Ley Agraria en 1992, las formas de organización tradicional (ejido y comunidad agraria), que habían sido creadas para sustentar la idea de la propiedad social y del trabajo colectivo experimentaron importantes cambios, como el reconocimiento de los derechos jurídicos individuales sobre la tierra y el establecimiento de validez legal de los contratos celebrados entre particulares relativos a la explotación, reformas que además de abrir la posibilidad de privatización de parcelas ejidales, vinieron a otorgar certidumbre a la inversión en el campo y promover la libertad de decisión y gestión de los ejidos y de sus integrantes. 

Hasta julio del año 2011, se habían privatizado 2,660,835 hectáreas, que en superficie corresponden a 2.51% del total del reparto agrario que abarca 103.5 millones de hectáreas. 

Asimismo, al mes de julio de 2011 se habían regularizado 29,143 núcleos agrarios (92% del total), comprendiendo una superficie total de 93,838,745 hectáreas (93.5% de la superficie total) .

Lo anterior es explicado, en cierta medida, por la clara tendencia que actualmente se presenta para promover la inversión privada en los núcleos agrarios que reoriente la producción en distintas regiones del país hacia cultivos con mayor rentabilidad (frutas y hortalizas), para lo cual se requiere un dominio pleno sobre la superficie de tierra que se posee.

Otros fenómenos sociales relevantes en los últimos años son la migración rural, el creciente papel de la mujer como propietaria de la tierra y dificultades severas para garantizar el relevo generacional en el campo mexicano.